jueves, 30 de julio de 2009

Los límites a los poderes del Consejo de Seguridad.


El órgano intergubernamental de toma de decisiones que constituye el Consejo de Seguridad (CS) supone la voluntad entera de las Naciones Unidas (UN). La Carta deposita en él toda la responabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales si ésta ha sido violada en virtud de su capítulo VII. Y ante esto se nos antojan unas presguntas a cerca del funcionamiento del CS.
¿Cómo ha actuado y actúa el CS en la protección de la paz y la seguridad internacionales?
¿Tiene el CS algún límite legal en la aplicación de medidas del Capítulo VII? y si las tiene ¿Cuáles son? y ¿Ha actuad el CS ultra vires en alguna ocasión?
¿Podemos buscar algún mecanismo de control al CS que limite su extraordinaria capacidad de decisión? ¿Suponen sus decisiones el alma de la Organización o solo la mera cooperación de sus cinco miembros permanentes?

A todas estas preguntas ha querido contestar la Profesora Soledad Torrecuadrada en su lección en los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria en la presente edición del 2009.
La Carta establece la misión del CS en el art. 24 "...sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales, ..." y sus resoluciones son de obligado cumplimiento por el artículo 25 por encima de otras obligaciones "prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta" según el Art. 103.

Dentro de las capacidades del CS hay que diferenciar dos:
La primera, plasmada en el Capítulo VI de la Carta le faculta para intervenir en la solución de controversias internacionales de dos formas posibles, una indirecta recomendando el instrumento para solventar el enfrentamiento, simpre dentro del principio de la libre elección de medios por los litigantes; y otra directa, actuando como mediador directo o de buenos oficios. En este caso las recomendaciones del CS tienen un valor político y no jurídicamente vinculante. En el marco del capítulo VI de la Carta si uno de los estado en litigio es miembro del CS éste deberá abstenerse en la votación.

Muy distinto es el alcance y valor de las decisiones tomadas bajo el paraguas del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas "Acción en caso de amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión". La primera gran capacidad del CS es determinar el alcance y la definición del peligro para la paz y seguridad internacionales. El art. 39 le faculta para adoptar medidas contra actos de "amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz y actos de agresión": "El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión..." Una calificación errática, absentista y exhortante en palabras del profesor Martín Ortega.
Las medidas adoptadas por el CS una vez calificada la amenaza para la paz on jurídicamente vinculantes y, por tanto, obligan a los estados en un estadio superior a cualquier Tratado Internacional firmado en virtud de la conjugación de los artículos 25 y 103 de la Carta.
La doctrina a hecho una lectura evolutiva en cuanto al derecho de veto admitiendo que la abstención de alguno de los Miembros Permanentes no constituye un veto, y solo el voto negativo en la cuestión de fondo lo significa.

Durante la Guerra Fría lo más remarcable fue lo sucedido en la Res 84 de 1950 con respecto a la Guerra de Corea. Donde la ausencia de la URSS, que protestaba por el reconocimiento de la China nacionalista como MP, permitió dar luz verde a la intervención de Naciones Unidas contra la agresión de la República Popular de Corea, recomendando la aportación de tropas bajo mando estadounidense y bandera de UN a cambio de la remisión periódica de informes.
Por lo demás salvo esta extraña excepción, de la que la URSS escarmentó, la Guerra Fría se caracterizó por una parálisis de la Organización y u reducción a mero escenario del enfrentamiento entre los bloques.

Fue tras la Guerra Fría cuando el volumen de trabajo de la organización crece espectacularmente y sus acciones se debaten entre la (in)acción selectiva y la acción ultra vires.

Un ejemplo de la (in)acción selectiva es la respuesta a la invasión iraquí de Kuwait en a I Guerra del Golfo. El CS autoriza el uso de la fuerza contra Iraq en la Resolución 678 de 1991, pero se trata de una resolución muy poco ortodoxa ya que se trata de una respuesta a las acciones ya emprendidas por algunos Miembros Permanentes del CS.
Las Res 678 de 1991 autoriza el uso de la fuerza pero de manera implícita, ya que en ningún momento se nombra el uso de la fuerza. Es excepcionalmente vaga ya que delega en los aliados kuwaitíes el alcance del uso de la fuerza e incluso la determinación de determinar cuando Iraq ha dejado de ser una amenaza para la paz. Extraordinariamente vaga ya que no cita los sujetos autorizados a emplear la fuerza, a lo que se suma la falta de informes de la alianza a la ONU.
En este caso no puede entenderse el uso de la fuerza como un acto de legítima defensa colectiva recogida en el art 51 de la Carta, ya que la legítima defensa termina en cuanto el CS conoce de la agresión. Como es este caso.
Tan extraña fue la intervención de las UN en la Guerra del Golfo que el Secretario General declaró que no se trataba de una guerra de las Naciones Unidas.

La I Guerra del Golfo consolida el liderzgo del CS en el seno de la organización en la posguerra fría, pero en realidad se trata del inicio de acciones unilaterales de los miembros del CS y no del Consejo en sí, como órgano de las Naciones Unidas. El CS amplía el concepto de la paz, y con él las amenazas para la misma, con lo que se amplía los casos de aplicación del Capítulo VII de la Carta.
Este ha sido uno de los ejemplos propuestos en el curso, pero hay otros que desarrollaré más adelante.

domingo, 26 de julio de 2009

Excepciones a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados.


La asistencia a la presente edición de los cursos de Derecho internacional de Vitoria ha hecho que ojee las actas de ediciones anteriores para refrescar parcelas y temas que tenía olvidado, o que simplemente me parecen dignas de mención. Tal es el caso mencionado por el profesor Carlos Espósito Massicci de la Universidad Complutense de Madrid a cerca de las posibles excepciones que se puedan dar a la inmunidad jurisdiccional de los Estados.

En el Derecho Internacional Clásico ninguna excepción era posible a la inmunidad jurisdiccional de los Estados que emanaba del principio "per in paren non habet imperium", pero la rápida tranformación del Derecho Internacional tras la II Guerra Mundial ha llevado a matizarse la inmunidad jurisdiccional de los estados, si bien la doctrina ya reconoce la diferenciación entre los actos del estado Iure Imperium y los actos Iure Gestionis, habría que preguntarse si es posible la excepción de la inmunidad jurisdiccional de los estados por violaciones graves de los Derechos Humanos (DDHH). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón a un kuwaití frente al Reino Unido que había esgrimido la Inmunidad de Jurisdicción del Estado para ampararse de delitos contra los DDHH. Con todo, la jurisprudencia no avala la práctica ni la opinio iuris que hagan que cristaliza una costumbre internacional que haga a los DDHH como exepción de la Inmunidad Jurisdiccional del Estado, así como tampoco ha sido recogido en los ordenamiento jurídicos internos de los Estados.
A pesar de que la práctica no lo recoge, la doctrina ha mostrado cierta tendencia a reconocer excepciones en el reconocimiento de inmunidad de jurisdicción de los estados, como así demuestra el proyecto de convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados, cuando las violaciones del derecho internacional afecten a DDHH reconocidos como principios del Ius Cogens.
La doctrina reconoce al menos ciertos actos contrarios al Derecho Internacional que no fueron amparados por la Inmunidad de Jurisdicción.

En el mismo sentido ha aparecido la teoría de la ponderación de Bienes, en un intento de conjugar la protección de los DDHH y la Inmunidad Jurisdiccional de los Estados. De manera que la excepción a la inmunidad jurisdiccional vendría siendo la violación del derecho a la vida y a la integridad física del individuo por acción u omisión, al suponer una violación grave del Derecho Internacional en asuntos que han entrado dentro de las normas Imperativas del Derecho Internacional General o Ius Cogens cuando no hayan concurrido en período de conflicto armado. Siempre y cuando el Estado agresor no haya entrado en un mecanismo de solución de controversias.
El defecto de tal propuesta es la excesiva individualización de la reparación, lo que hace muy difícil que se de una posible reparación a las víctimas.

Otros han mostrado la renuncia implícita a la Inmunidad de Jurisdicción por parte del Estado. Un Estado puede autoexcluirse de utilizar la inmunidad jurisdiccional ante una causa si así lo declara. Pero la jurisprudencia exige que la exclusión de la inmunidad jurisdiccional sea por escrito. No obstante, algunos autores han hecho una interpretación evolutiva de la renuncia implícita si se trata de la violación de una imperativa del Derecho Internacional. El caso de Pritcz vs Alemania en una reclamación de daños por el nazismo realizada en el Tribunal de Apelación de Estados Unidos, donde la sentencia ha valorado la existencia de una renuncia implícita a la Inmunidad de Jurisdicción debido a que las normas violadas por el III Reich se trataban de principios del Ius Cogens como eran el genocidio y la esclavitud.
Pero la teoría del reconocimiento implícito es de escasa viabilidad. Sería más lógico que prosperase de manera independiente el valor superior normativo que tienen los principios de Ius Cogens sobre la Inmunidad Jurisdiccional de los Estados.

Otro mecanismo a tener en cuenta es el de las contramedidas, acciones destinadas a instar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Exigen del incumplimiento anterior del Derecho Internacional de otro estado, por tanto, ¿Podría justificarse una contramedida justificada en Derecho Internacional consistente en la exclusión de la inmunidad jurisdiccional de un Estado por parte del Estado del foro como reacción a un hecho ilícito anterior consistente en la violación grave de normas del Ius Cogens?
Es inaceptable desde el punto de vista sustantivo ya que implica reconocer como norma que el incumplimiento grave de las normas del Ius Cogens supone una excepción a reconocer la inmunidad jurisdiccional del Estado y ello supone un problema enorme de prueba jurídica y de prueba de la cristalización de una práctica muy vaga e inconsitente.

Un factor a tener en cuenta y que hemos vislumbrado a lo largo de las posibles soluciones expuestas es la Teoría de la Jerarquía Normativa. La Convención de Viena de 1969 de Derecho de los Tratados sitúa las normas imperativas de Derecho Internacional o Ius Cogens en la cúspide normativa al no admitir acuerdo en contrario (art 53). Se analiza la posibilidad de que las normas del Ius Cogens desplacen a la inmunidad de jurisdicción del Estado. Pero las prácticas nacionales han sido renuentes a admitir la excepción de los DDHH para la inmunidad de jurisdicción con base al Ius Cogens.
Se da pues, un enfrentamiento entre la norma de la inmunidad de jurisdicción y los principios generalmente aceptados como Derecho.
En los casos Ferrini y prefectura Voiotia, diversos jueces han proclamado que en la violación de normas derivadas del Ius Cogens el Estado acusado de violarlas no puede invocar normas jerárquicamente inferiores para eludir las consecuencias de la ilegalidad de sus actos.
Las objeciones al presente uso tiene una doble cara. La primera es que opera bajo la creencia que la inmunidad jurisdiccional es un privilegio que otorga el Estado del foro, cuando en realidad se trata de una verdadera norma de Derecho Internacional. Si fuera un mero privilegio podría denergarse sin más y sin una argumentación que se ajustase a Derecho.
Otra objeción es que el Derecho Internacional no admite distinción entre normas primarias y secundarias.

Pese a todo si se observa una tendencia a romper la inmunidad jurisdiccional de los estados en caso de violaciones graves de normas del Ius Cogens. El bilateralismo estatalista que impera deberá ajustarse a la situación de creciente mundialización.

viernes, 3 de julio de 2009

¿Un golpe de estado constitucional?


Hoy por la noche se ha vivido un nuevo episodio de este culebrón que es el golpe de estado en Honduras. Si bien me faltan las claves para entender la dinámica interna que ha provocado el golpe, no debemos dejar de lado la debilidad y el déficit en las instituciones democráticas. La mayor parte de los países americanos rienen un sistema constitucional copiado del estadounidense, pero sus escasos índices de alfabetización, subdearrollo regional, cesarismo e intereses de las clases oligárquicas hacen que en este continente la democracia sea un lujo al alcance de muy pocos.
La chispa del golpe fue que se venían sucediendo enfrentamientos entre distintos poderes del Estado debido a una supuesta consulta inconstitucional de carácter chavista para otorgar al Presidente la posibilidad de la reelección indefinida. Ante esto, en lugar de comenzar un proceso de destitución del presidente o "empeachment", sectores del legislativo aliados con el ejército secuestraron al presidente y lo expatriarion bajo el paraguas de querer establecer una consulta inconstitucional.
Por una vez la Comunidad Internacional se ha puesto de acuerdo en la condena del golpe y la unánime condena por parte de la OEA ha provocado la salida de Honduras de esta Organización. Por tanto, solo le queda al llamado gobierno interino la huída hacia adelante y en esas estamos.
Una probable solución para evitar un conflicto civil que se internacionalice a centroamérica podría ser la dimisión del presidente interino, la restitución del presidente legal y su posterior dimisión para una convocatoria electoral posterior. Considero que sería la mejor solución debido a que quedaría restituída la continuidad constitucional legítima y, para evitar problemas posteriores se convocarían unas elecciones a las que no concurrirían ni Micheletti ni Zelaya.

Esta sería la solcución más salomónica y que daría la palabra al pueblo tras la restitución de la legalidad constitucional. Pero es pedir demasiado calado democrático a unos pseudolíderes y a un país con déficits cívicos y democráticos evidentes. Es decir, es pedir peras al olmo.